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Darío Celis Estrada

La cuarta transformación

Adolfo Domínguez, acusada de fraude

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Adolfo Domínguez, acusada de fraude

El atropellado proceso de sucesión de mando en Adolfo Domínguez, la precaria situación financiera del Covid-19 y los conflictos con la cadena de distribución en el mundo, tienen en terapia intensiva a la compañía española de modas.

Los conflictos en esta firma se agravaron hace un par de años, cuando Adriana Domínguez se hizo a la mala del control de la compañía y sus decisiones no lograron revertir la situación financiera de la empresa; el cierre de tiendas en el mundo provocado por la pandemia tiene a esta empresa entre la vida y la muerte.

El estilo de dirigir de la nueva directora provocó la fractura del equipo que su padre había creado durante décadas en el Consejo de Administración y en la cadena de comercialización, lo que derivó en la salida del vicepresidente, Luis Caramés, y el arribo de Maite Aranzábal, una incondicional de Adriana y antigua colaboradora del fundador.

Hace unas semanas, la firma gallega dio a conocer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España una pérdida de 8.1 millones de euros de marzo a mayo de este año a causa de la crisis del coronavirus.

También que sus ventas bajaron un 67.3 % al cerrar por meses un 92% de sus puntos de venta en España debido al efecto del confinamiento obligado.

Reportó que sus ventas retrocedieron en todos los mercados en los que opera, especialmente en Europa, donde cayeron más de un 80%, en Japón un 60% y en México un 15.5%.

Pero no sólo la pandemia ha sido la causa de la baja de ventas para Adolfo Domínguez. Desde 2018 la empresa viene arrastrando pérdidas económicas. En 2018 el daño fue de 3.1 millones de euros y para 2019 de 2.1 millones.

Entre 2012 y 2019 Adolfo Domínguez cerró 330 tiendas, al pasar de 721 a 391 puntos de venta.

 Para revertir su precaria situación financiera, la nueva presidenta de Adolfo Domínguez cambió las reglas del juego que su padre había creado junto con sus socios, dentro y fuera de España, sobre la comercialización y pago de licenciatarios.

Adriana Domínguez pretendió cobrar a sus licenciatarios mercancía que no se vendió durante la pandemia, por ello es que dos empresas mexicanas interpusieron demandas ante la arbitrariedad de la nueva cabeza.

Las demandas están radicadas en el Juzgado 8 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, con los números de expediente 325/2020 y 326/2020, por diversas irregularidades ocurridas durante los meses de contingencia por el Covid-19.

Estos procedimientos legales en contra de la firma de moda fueron interpuestas por las empresas AD Duraznos, S.A. de C.V. y Líderes en Proyección Empresarial, S.A. de C.V.

Las compañías acusaron a Adolfo Domínguez de un intento de fraude en México porque, aunque no había ventas por el cierre de las boutiques, sus directivos intentaron cobrar la mercancía que había en cada una de las tiendas con la emisión de facturas.

EL GOBIERNO DEL presidente Andrés Manuel López Obrador podría llevarse pronto un nuevo revés en materia de credibilidad donde más le duele: la corrupción. No repuesto aún de la denuncia de Jaime Cárdenas de las pillerías que se cometen en el Instituto para Devolver al Pueblo lo robado, en el ISSSTE está por destaparse otra cloaca del que no saldría bien librado su anterior director de Administración y Finanzas, Pedro Zenteno, propuesto, ni más ni menos, como nuevo Zar en la compra de medicamentos e insumos para la salud. Y es que los sabuesos de la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero, y de la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, andan investigando compras de emergencia bajo el contexto del Covid-19. Hay una empresa denominada Muticorporación Brexot que se despachó con la cuchara grande en la venta de ventiladores pulmonares. Dicen que la denuncia anónima no fue tan anónima y que trae las huellas de Luis Antonio Ramírez, el mismísimo director del ISSSTE.

OTRO PANISTA QUE apareció en la denuncia de Emilio Lozoya Austin y que también busca quien lo asesore legalmente es Ernesto Cordero. Un primer acercamiento con un penalista reconocido fue con Agustín Acosta, famoso por defender hace 16 años a René Bejarano y todavía más recientemente a Florence Cassez. De hecho se le relaciona con el ministro que elaboró el proyecto rechazado hace ocho años para liberar a la francesa, Arturo Zaldívar, hoy ni más ni menos que presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cordero no contrató a Acosta, en buena medida porque ya está ocupado con Alfonso Ramírez Cuéllar y la demanda que el actual presidente de Morena le recetó a su compañera, Yeidckol Polevnsky. Vamos a ver en manos de quién encomienda su defensa el ex secretario de Hacienda de Felipe Calderón.

EL HOTEL GRAND Cancún que ya encendió los ánimos entre el Fonatur y la presidenta Mara Lezama, es de Elías Sacal. Le decía ayer que el organismo dirigido por Rogelio Jiménez Pons ya no quiere más megahoteles en ese destino, pero la alcaldesa de extracción morenista y obsesionada con los negocios se pasó por el arco del triunfo la disposición del gobierno federal. Sacal inició la construcción en noviembre de 2019 y la Secretaría del Medio Ambiente paró el proyecto hace nueve meses. Pero al igual que en el caso del Hotel Riu Punta Nizuc, Lezama volvió a autorizarlo en julio pasado. El desarrollador es Bay View Grand, que lo levanta en la segunda etapa de la zona hotelera. Tendrá tres mil habitaciones y costará cerca de 500 millones de dólares. El sexenio pasado el Bancomext, dirigido entonces por Enrique de la Madrid, le autorizó un crédito.

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Darío Celis Estrada

Miedo del IFT al ratón Mickey

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Miedo del IFT al ratón Mickey

Inició la cuenta regresiva para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dé por concluido el proceso de venta de los canales de Fox Sports en México. El 5 de octubre es la fecha fatal.

Pero a The Walt Disney Company, el conglomerado presidido por Bob Chapek, cada día se le ve más distante la jugada de seguir controlando los canales deportivos por la puerta de atrás.

Su última carta se la tira con el grupo español Media Pro y con el empresario yucateco de la televisión, Alejandro García Gamboa. El primero ya entregó una oferta no vinculante para comprar Fox Sports.

Pero la realidad es que Media Pro, de Jaume Roures, va como ariete de Disney porque ya son socios en la producción de contenidos deportivos que se transmiten en Brasil por los canales de ESPN.

Dicho de otra forma, con este frente Disney seguirá monopolizando la producción, distribución y explotación de contenidos deportivos desde México hasta Argentina, dándole la vuelta a los reguladores regionales.

Cuando Disney anunció la compra de Twenty-First Century Fox fue obligado a vender Fox Sports porque ya tenía en la panza ESPN. Pero a juzgar por los hechos, hace hasta lo imposible para no cumplir.

El martes la Fiscalía Nacional Económica de Chile presentó un requerimiento contra Disney por haber entregado información falsa en el procedimiento de análisis que permitió la concentración de los canales.

Aquí en México el IFT, que preside interinamente Adolfo Cuevas, ha asumido una actitud timorata, complaciente e indigna de un regulador. Se ha plegado a la supremacía de Disney y sus abogados.

Más allá de que ha alargado inecesariamente los plazos de cierre, el pleno del IFT ha sido omiso en hacer cumplir su propia resolución al seguir ampliando fechas para encontrar compradores que ya se retiraron.

Primero fue AT&T, que preside John Stankey, y más recientemente Fox Media de Rupert Murdoch. Y es que ya cayeron en cuenta de que Disney no quiere vender acatando los compromisos con reguladores.

Además la operación de los canales deportivos es un negocio ruinoso. Se estima que Fox Sports pierde al año aproximadamente unos 70 millones de dólares.

La producción de los canales deportivos se financiaba en parte de los demás canales del grupo, como FOX Channel, FX, FXM, National Geographic, National Geographic Wild y Cinecanal.

En la recta final quedó solamente Media Pro, con el conflicto que tiene de ser cliente y proveedor de Disney, aliado al dueño de Sipse, pero que va en calidad de inversionista independiente sin mayor capital.

Por cierto que en descargo al IFT, le requirió a García Gamboa información sobre el origen de los supuestos recursos con los que está entrando a la compra de Fox Sports.

A PROPÓSITO DEL comisionado presidente del IFT, ayer la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un espaldarazo porque con los votos de los ministros Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, Adolfo Cuevas podrá tomar en sus manos el control total del regulador. La Corte le dio palo a la reforma a los estatutos orgánicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones que el propio pleno promovió para limitar el radio de acción de Cuevas como presidente interino. ¿Se acuerda? Apenas en julio los comisionados Mario Fromow, Javier Juárez Mojica, Arturo Robles, Sóstenes Díaz y Ramiro Camacho le echaron montón a Cuevas para que fuera el pleno y no el interino quien removiera titulares de unidades o directores generales. El Senado, vía Ricardo Monreal, impugnó. Se dice que fue el zacatecano, principal soporte de Cuevas, quien operó políticamente para este espaldarazo.

EL SAT, QUE comanda Raquel Buenrostro, encontró importantes montos de defraudación fiscal en el Grupo IUSA y ya citó a su presidente, Carlos Peralta Quintero. Los movimientos tienen que ver con licitaciones en el sexenio de Enrique Peña Nieto y transferencias que estarían relacionadas con la ex primera dama, Angélica Rivera. El expediente es de esos considerados en Palacio Nacional como extremadamente sensibles por la cercanía del ex dueño de Grupo Iusacell con los gobiernos priístas. Basta con recordar que Raúl Salinas de Gortari funge como vicepresidente del grupo. En Presidencia se sopesa el impacto de una eventual embestida a IUSA por la influencia histórica como proveedor de la CFE, incluso también sobre la administración de Manuel Bartlett Díaz.

ALGUNOS PANISTAS QUE fueron señalados en la declaración que Emilio Lozoya Austin entregó a la Fiscalía General de la República, ya están buscando penalistas. Un bufete por el que han desfilado es el de los rudos Felipe Gómez Mont y José Zapata. Si usted cree que la 4T dejó de lado el expediente del ex director de Pemex y su cruzada contra los dos últimos gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, está equivocado. No pierda de vista a Rafael Caraveo, el ex secretario técnico del Senado y asistente de Jorge Luis Lavalle, señalado de recibir supuestos sobornos para “aceitar” la Reforma Energética. Se está acogiendo al criterio de oportunidad que le ofreció la dependencia de Alejandro Gertz Manero.

LA SECRETARIA DE Energía, Rocío Nahle, asegura que KBR no ha salido del proyecto de la nueva refinería de Dos Bocas. Sin embargo ya es público que entraron al quite para desarrollar la segunda fase de los paquetes 4 y 6 otros jugadores. Nosotros aquí le informamos desde marzo que ICA que dirige Guadalupe Phillips, Techint de Paolo Rocca e Idinsa de Víctor Ortiz, estaban tomando la estafeta. Grupo Hostos, de Abraham Baruch, que era contraparte de KBR, que representa Dante Caravaggio, también ya salió. Lo peor es que tras los estadounidenses irían los coreanos de Samsung, que tienen los paquetes 2 y 3. Ya se verá.

EN CANCÚN SIGUE la construcción del Hotel Riu Punta Nizuc con todo y dos suspensiones provisionales del 7º Juzgado de Distrito y del Tercer Tribunal Colegiado. Se reclama que el proyecto de 572 cuartos tenga licencia de construcción, pese y a que afecta áreas naturales protegidas. El Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons, ya rechazó la inversión de mil millones de pesos y amaga con suspender servicios en la zona hotelera si el gobierno de Mara Lezama autoriza más proyectos. Pero la morenista hizo caso omiso y ya abrió la puerta a otra megaobra: el Hotel Gran Island Cancún, de tres mil habitaciones y 10 mil millones de pesos de inversión.

HOY SE AUTORIZA el préstamo de hasta mil millones de dólares de Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa. Este jueves la jueza Shelley Chapman da luz verde a la capitalización de Apollo Global Management. La empresa de Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo ya estará en posibilidades de celebrar los demás contratos de crédito. Le adelanté que viene otro de 100 millones con lo que se completará el primer paquete y el mes entrante otro de 170 millones hasta cubrir el compromiso con el fondo que preside Leon Black. La entrada de capital fresco es crucial para la sostenibilidad de la compañía, sobre todo las fuentes de empleo.

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Darío Celis Estrada

El Instituto Robin Hood

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El Instituto Robin Hood

Jaime Cárdenas Gracia disipó las dudas que había en torno al Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), un organismo en el que se dio rienda suelta a la corrupción y la simulación.

Aquí decíamos el 16 de junio que la subasta del 3 de mayo en la que salió la casa del narcotraficante Amado Carrillo, fue el último evento que encabezó Ricardo Rodríguez como director. “El instituto se había convertido en una caja opaca”, escribimos.

Y lo que son las cosas, el remate de la mansión del Pedregal que supuestamente ganó Alejandro del Valle, accionista de Interjet, fue pura farsa. La realidad es que nunca se le adjudicó y la propiedad sigue bajo la férula del Indep. La esposa del Señor de los Cielos quiere recuperarla.

Otro engaño más grave aún, porque en él se montaron tanto el Presidente como el Fiscal General de la República, fue la recuperación de 2 mil millones de pesos que se desprenden de la indeminización que el Infonavit pagó en el sexenio pasado a la empresa Telra Realty.

Max y André El Mann por su cuenta cerraron el capítulo a través de lograr un acuerdo que resultó satisfactorio, tanto para el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, como para el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

Hoy los El Mann avanzan en su compromiso no sólo por invertir en México, sino preservando los empleos que tanta falta le hacen al país.

Andrés Manuel López Obrador se aventó la puntada en aquella conferencia mañanera del 10 de febrero, con Gertz al lado y al calce dos chequesotes del BBVA por mil millones de pesos cada uno, que el dinero que se donaba al Indep serviría para comprar cachitos de Lotería para la rifa del avión presidencial.

Pues no. La FGR jamás debió transferir los 2 mil millones al Indep. Vamos, los recursos terminaron en calidad de “resguardo” en ese organismo y el Infonavit ya impugnó el criterio de oportunidad que concedieron los muchachitos de Gertz por afectar el patrimonio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Todo este desastre administrativo en el que están metidos Presidencia, la FGR, el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado y el Infonavit, abolla la narrativa del gobierno de la 4T en torno al combate de la corrupción y la impunidad.

Y es que se supone que los 2 mil millones de pesos recuperados apenas es la mitad del quebranto que se le atribuye a Telra Realty. Tras la devolución del primer tranche por parte de los El Mann, Rafael y Teófilo Zaga debían haber devuelto otros 2 mil millones.

Pero los hermanos Zaga optaron por desafiar al Estado y no cedieron a la presión de Gertz en su intento de arrancarles el otro tanto. Los Zaga no ofrecieron un acuerdo reparatorio para evitar el ejercicio de la acción penal y sí se fueron por la vía del litigio.

Bajo esa circunstancia la FGR y la Procuraduría Fiscal demandaron por fraude fiscal por mil 82 millones de pesos, pero tampoco lograron su cometido porque después de una audiencia de 16 horas, el 3 de septiembre pasado, el juez resolvió no vincular a proceso a Rafael Zaga.

Tras esa victoria las autoridades se desistieron, al menos por ahora, de acusar a Teófilo Zaga de la misma evasión fiscal. Pero no crea que los sabuesos de Gertz y Carlos Romero se van a quedar cruzados de brazos. Vendrá pronto otra embestida.

Pero esa ya es otra historia. El foco ahora está sobre las denuncias que Jaime Cárdenas hizo en torno al que muchos denominan el Instituto Robin Hood y el recurso legal del Infonavit para que el atolondrado Indep devuelva lo que no es suyo.

ESTE MIÉRCOLES LA Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá y resolverá un amparo en revisión planteado por Bayer Healthcare. Bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en el expediente 257/2020, se fijará un criterio muy relevante para la industria farmacéutica de investigación, agrupada en la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, que preside Irma Egoavil y dirige Cristóbal Thompson. En el amparo se plantea la inconstitucionalidad del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1994, recientemente abrogada por la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual impulsada por el IMPI, de Juan Lozano, y parte del paquete de reformas aprobadas para la entrada en vigor del T-MEC.

El artículo 23 es la piedra angular del sistema de protección de patentes, que establece su duración por 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva. Es importante anotar que el nuevo artículo 53 de la ley de reciente entrada en vigor reproduce el mismo sentido normativo, por lo que el criterio que fije la Segunda Sala será también aplicable y relevante para el nuevo sistema de patentes que estrena México desde julio de este año. El proyecto propone declarar inconstitucional el artículo 23 y ordena que debe preverse una extensión del periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación de un patente. Es decir, que las patentes durarían 20 años, pero podrán extenderse por el tiempo que el IMPI haya demorado en aprobarla. Así lo discutirán hoy, además de la ministra ponente, los ministros Javier Laynez, Fernando Franco, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar. Día importante para las farmacéuticas y más ahora en un contexto tan complejo para la industria de investigación.

TRAS EL FUEGO amigo a Mario Delgado y Marcelo Ebrard de parte del grupo leal a Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador llamó al orden a Ricardo Monreal, al canciller y a la jefa de gobierno de la CDMX para apaciguar el proceso del relevo en la dirigencia de Morena, que preside interinamente Alfonso Ramírez Cuéllar, quien hace todo por mantenerse en la silla y poder designar los candidatos para las elecciones de 2021. Se sabe que los personeros de Marcelo, Ricardo y Claudia habrían llegado a un acuerdo para proponer algunos de los 15 candidatos a gobernadores, aunque el voto final será del Presidente. El segundo round serán las condiciones para decidir la residencia en ese partido. Y el tercero la selección de los 300 candidatos al Congreso y congresos locales.

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador está apuntalando a más no poder a su pupila, Claudia Sheinbaum. Más allá del descarrilamiento del proceso de renovación de la dirigencia de Morena, en la que Mario Delgado encabeza las preferencias de realizarse hoy una encuesta, a la jefa de gobierno de la CDMX le acaban de transferir 10 mil millones de pesos para que los invierta en equipamiento. La intención es que le dé una “chaineada” a la metrópoli en la víspera de las elecciones intermedias y poder garantizar votos a Morena. La Secretaría de Hacienda, que lleva Arturo Herrera, le quitó unos 7 mil millones de pesos al presupuesto original de la SCT, de Jorge Arganis, y otros 3 mil millones a la Defensa Nacional, de Luis Crescencio Sandoval. Sheinbaum, invencible.

LE REFERÍA El lunes el papel cada vez más protagónico que está teniendo Rogelio Ramírez de la O. Su actuación es prudente, pero cercana a Andrés Manuel López Obrador. Opinó que el crédito de Banorte, de Carlos Hank González, y Banobras, que dirige Jorge Mendoza, encarecía la Propuesta no Solicitada de BlackRock del Tramo 5 del Tren Maya. El préstamo de 12 mil millones de pesos traía atada una comisión de apertura y estructuración de 2.5% y una comisión por saldo no dispuesto de otro 0.5%, más TIIE más 2.5 puntos. Así Ramírez de la O se ha ido metiendo también a algunos proyectos de infraestructura que forman parte del catálogo que presentó el Consejo Coordinador Empresarial. Asimismo, por su escritorio está pasando la nueva Ley de las Afores.

MUY MOVIDOS ANDAN en la Secretaría de Economía, consecuencia de lo presionado que está todo el aparato industrial del país por la ausencia de programas de apoyo que les ayude a aminorar la crisis por el Covid-19. Ayer el subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, Ernesto Acevedo, se chutó una videconferencia de dos horas con 15 de las 64 cámaras que integran la Concamín. Las huestes de Francisco Cervantes no paraban de externarle todas las penurias por las que atraviesan.

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Darío Celis Estrada

Coral y Prisa se dan con todo por Radiópolis

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Coral y Prisa se dan con todo por Radiópolis

No hay ni remotamente visos de un arreglo por la vía de la mediación entre Grupo Prisa y Grupo Coral en torno al control de Radiópolis. Las posiciones están encontradísimas. Los primeros muy agraviados.

Así lo externa el requerimiento de cese y desistimiento inmediato de acciones del representante de la Sociedad Española de Radiodifusión (SER), controladora de Prisa, Pedro Julio García Guillén, a sus nuevos socios mexicanos, fechado el 7 de septiembre pasado.

El emplazamiento va dirigido visiblemente a Miguel Alemán Magnani y a Carlos Cabal Peniche, a quienes exige cesen y se desistan de seguir pretendiendo dar efectos a lo que considera actos “espurios”.

Así califica las asambleas de accionistas de Radiópolis y subsidiarias que dieron paso al bloqueo de cuentas bancarias, la usurpación de la Firma Electrónica Avanzada e intimidación, hostigamiento, sugestión e incomodación a directivos y fincionarios.

“No cabe duda que su agenda personal, sus posiciones veleidosas y su sorpresivo desconocimiento de obligaciones válida y legalmente asumidas, se contraponen con el interés superior de Radiópolis.

“Es lamentable que a menos de dos meses de que se pusiera fin a la controversia que Coral y el señor Miguel Alemán Magnani sostenían con el anterior accionista de Radiópolis, Coral y los consejeros designados por dicho accionista, como el señor don Miguel Alemán Magnani, hayan decidido enfrascarse en un nuevo conflicto legal al sucumbir a la tentación de anteponer sus intereses personales a los de Radiópolis y sus subsidiarias”.

El representante del grupo hispano advierte: “De seguir insistiendo en los actos descritos en la presente misiva o de llevar a cabo otros que de cualquier modo perjudiquen la operación, el negocio o las relaciones de Radiópolis o de cualquiera de sus subsidiarias, SER ejercerá las acciones legales que en derecho correspondan y les exigirá la responsabilidad en que hubieren incurrido o en que sigan incurriendo”.

El mismo día que en Coral recibieron el emplazamiento de García Guillén, el abogado externo de Alemán Magnani contestó la misiva.

Dice el litigante Luis Cervantes: “Marcó usted copia al que esto escribe de su documento del 7 de septiembre del 2020, mismo que acusa ignorancia supina del Derecho Mexicano; si fue asesorado por algún colega de este país, en verdad lo lamento. El contenido de su carta es verdaderamente deplorable, como es inadmisible su arrogancia. Cuando se dirija a Ciudadanos Mexicanos exijo lo haga con respeto y educación”.

“No existe resolución judicial alguna que señale cualquier viso de ilegalidad por lo que respecta a los actos corporativos a los que usted torpemente califica de “espurios”. Tampoco existe en este asunto resolución judicial alguna que en cualquier manera revoque, anule o modifique la medida cautelar otorgada por su Señoría Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

“Gústele a usted, o no, dicha resolución judicial, desde su otorgamiento y hasta el momento en que esto le escribo, es plenamente válida, vigente y eficaz.

“De este lado del continente, en este hermoso país, las resoluciones judiciales no están en forma alguna sujetas a que sus destinatarios, así como cualquier tercero, las rechacen expresa o implícitamente, ni están sujetas a ser consentidas, o no, por tales destinatarios.

“El Derecho lo dice el Juez, simple y sencillo, cobra vigencia y efectividad plena a partir de que se pronuncia. De igual manera, los actos jurídicos como son las Asambleas de Accionistas, tienen plena vigencia y surten todos sus efectos hasta que exista, en su caso, orden judicial que disponga de otra forma.

“Ninguno de los destinatarios a quienes hizo usted patente su patética frustración por no lograr sus obscuras y turbias intenciones contestarán su provocación al intelecto en forma alguna; no incluyo a mi amigo Jesús Ángel Guerra Méndez quien, estoy absolutamente cierto, fue totalmente ajeno a la confección de los papeles que usted tuvo el atrevimiento de suscribir”.

Solo vale aclarar que este intercambio epistolar se dio antes de que el susodicho Juez 63 de lo Civil de la CDMX, Miguel Ángel Robles Villegas, sorprendementemente diera marcha atrás, apenas el jueves de la semana pasada, a las medidas cautelares que ya había extendido a favor de Coral y en contra de Prisa.

EL PANORAMA SE le sigue complicando a David Martínez y a Carlos Slim en Argentina, los dos principales inversionistas mexicanos en el sector de telecomunicaciones de aquel país. Le decía que el mes pasado el presidente Alberto Fernández publicó un decreto en el que considera a las comunicaciones y las tecnologías de información servicios esenciales y estratégicos en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19, por lo que aplicaría control de precios a la telefonía móvil, internet y televisión de paga. Pues bien, ahora su gobierno de corte populista habla de crear un operador estatal de telefonía móvil. Slim tiene a América Móvil y Martínez a Cablevisión y Telecom.

AT&T FICHÓ a Abel Hibert como vicepresidente de Asuntos Externos. Llega al coloso que encabeza John Stankey en un entono complejo para el mismo sector de las telecomunicaciones, justo cuando la Secretaría de Hacienda alista mayores cobros por el uso del espectro, según la Ley de Derechos 2021. La firma que preside aquí Mónica Aspe tiene 33.73% del espectro total, contra 29.74% de Telcel que lleva Daniel Hajj, 17.36% de Telefónica-Movistar de Camilo Aya y 15.04% de Altan de Salvador Álvarez. Hibert fue comisionado de la extinta Cofetel y hasta el mes pasado titular de la Coordinación de Innovación y Análisis Económico de la Oficina de la Presidencia. Su jefe era Alfonso Romo.

POR CIERTO QUE Alfonso Romo regresó a la escena pública tras varias semanas de estar “en modo avión” en su residencia de Monterrey, con el pretexto del Covid-19. El Jefe de la Oficina de la Presidencia volvió con nuevos bríos y su función se ha concentrado en llevarle al Presidente Andrés Manuel López Obrador a los empresarios y CEOs de multinacionales. Ayer tocó el turno a James Quincey, el de Coca-Cola Company, con quien también abordó el espinoso tema del nuevo etiquetado frontal de productos, en aras de mitigar la obesidad. Mismo asunto que tocó la semana pasada con Daniel Servitje, de Bimbo. Romo también operó las reuniones con Carlos Slim y Miguel Rincón.

PISA LLEVA DOS años batallando con el gobierno de la 4T para que le quiten el asedio y estigma de haber sido el grupo farmacéutico que más beneficiaron los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña con las compras consolidadas del IMSS. Pero se ve cuesta arriba que las huestes de Carlos Álvarez Bermejillo lo logren. Su producción está semiparalizada por la intervención de la Cofepris, que dirige José Alonso Novelo, y el SAT de Raquel Buenrostro le investiga al menos 900 millones de pesos de ISR no enterado. Como si no fuera suficiente la Secretaría de la Función Pública, que capitanea Irma Eréndira Sandoval, le tiene abiertas 6 carpetas por presunta corrupción.

CINEMEX ESTÁ POR presentar un plan de reorganización de sus operaciones en Estados Unidos, como parte del proceso de reestructuración financiera que negocia bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. El esquema que elabora la cadena de cines de Germán Larrea se sustenta en una reingeniería a fondo de sus posiciones inmobiliarias en la Unión Americana, asistido por el bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, vía los abogados Juan Morillo, Patricia Tomasco y Jeffrey Bast. La meta es bajar considerablemente el costo de los arrendamientos, lo que implicaría suprimir la presencia en varias plazas de la Unión Americana. Cinemex arrastra un pasivo de unos 114 millones de dólares.

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